AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

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13 de diciembre de 2011

El Ayuntamiento de Salamanca presenta en la Asamblea General de la FRMPCyL un comunicado para instar a la Junta de Castilla y León a modificar normas autonómicas que faciliten el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en el sector de la hostelería

  • La propuesta, rubricada por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido presentada esta mañana en la Asamblea de la Federación celebrada en Valladolid
El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado esta mañana en la Asamblea General de la FRMPCYL, en Valladolid, un comunicado para que los órganos de Gobierno de la Federación tomen la decisión de instar a la Junta de Castilla y León a modificar determinada normativa, de carácter autonómico, que permitan la puesta en marcha de nuevas iniciativas hosteleras o la renovación o ampliación de las existentes.
En concreto, según recoge el comunicado, firmado por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y presentado por el concejal de Medio Ambiente y representante del Ayuntamiento de Salamanca en la Asamblea, Emilio Arroita, se trata de “modificar lo estipulado en el artículo 23.2 de la Ley 3/1994, de 29 de Marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León (modificado por el artículo único 9 de la Ley 3/2007, de 7 de Marzo), en el artículo 30.5 de la Ley 5/2009, de 4 Junio, del Ruido de Castilla y León y en la Disposición Transitoria Primera de ésta misma Ley modificada por la Disposición Final 11 de la Ley 19/2010, de 22 de Diciembre.
Los dos primeros se refieren a la conocida comúnmente como la “prohibición de los 25 metros” y la tercera hace referencia a las modificaciones de los establecimientos ya existentes.
El comunicado recoge ”que la aplicación pura y simple de la mencionada normativa, en la práctica, impide la concesión de nuevas licencias, pero también impide la modificación de las ya existentes, ya que cualquier cambio –ampliación, reducción o sustitución- de actividad es una modificación sustancial que obliga a conceder una nueva licencia ambiental al variar la distribución, las instalaciones, etc., aunque en la realidad, no supongan un incremento en la oferta de bebidas alcohólicas ni un incremento en los niveles de contaminación acústica (ya que tales establecimientos ya existían con anterioridad y ya contaban con autorización para vender bebidas alcohólicas).”
Añade, además, que es “imprescindible la modificación de la prohibición de los 25 metros, y en ambas Leyes a la vez, porque de nada serviría hacerlo sólo en una de los dos, lo que permitiría volver a la regulación anterior, y a su vez, los Ayuntamientos podrían decidir según sus particulares circunstancias, y ya no sólo por una genérica apelación al Principio de Autonomía Municipal sino por nuestra ya más que contrastada experiencia en la regulación de la actividad hostelera”.
Finalmente, el comunicado cita que “la tercera modificación, la referida a la Transitoria Primera de la Ley del Ruido, es incluso la más urgente de la tres, ya que nuestras ciudades cuentan en la actualidad con un importante número de establecimientos ya en funcionamiento que están necesitando cambiar su status jurídico para adecuarse a las nuevas circunstancias”. La modificación de esta disposición propuesta del Ayuntamiento de Salamanca permitiría “modificar las licencias existentes sin que estuvieran afectadas por la regulación actual (cambios de bares a restaurantes o a la inversa, ampliación no física de bar a bar-restaurante, sustitución de bares con instalación de aparatos musicales por bares de pinchos o restaurantes, etc.)”.
Finalmente, el comunicado recoge que “con el objetivo de hacer más ágil la tramitación de los expedientes de licencias ambientales es necesario promover una cuarta modificación más, la referida al artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León que regula los plazos necesarios para su tramitación. Se propone reducir el plazo de información pública de 20 a 10 días, a semejanza del establecido para las autorizaciones ambientales cuyo otorgamiento corresponde a la Junta de Castilla y León”.
La Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), se ha celebrado hoy en Valladolid para elegir los nuevos representantes de sus órganos. Cabe destacar que el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, Emilio Arroita, (quien hoy ha sido secretario de la mesa de la Asamblea) es vocal de la Comisión Ejecutiva de la FRMP, que estará presidida los próximos cuatro años por Miguel Ángel García Nieto.
 
COMUNICADO PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FRMPCyL
 
Es evidente que la situación económica de España sufre uno de los momentos más críticos de nuestra historia, y también es evidente que es precisamente en estos momentos cuando las administraciones públicas debemos responder aún con más prontitud y acierto, a las demandas de los ciudadanos, sobre todo cuando éstas se centran en la eliminación de trabas a las nuevas iniciativas empresariales.
Una parte muy importante de la actividad económica de nuestros municipios se centra en el sector servicios, y más concretamente en la hostelería, sector que en la actualidad encuentra una dificultad extrema en su desarrollo por determinada normativa, de carácter autonómico, que prácticamente impide la puesta en marcha de nuevas iniciativas hosteleras o la renovación o ampliación de las existentes.
         Más concretamente se trata de lo estipulado en el artículo 23.2 de la Ley 3/1994, de 29 de Marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León (modificado por el artículo único 9 de la Ley 3/2007, de 7 de Marzo), en el artículo 30.5 de la Ley 5/2009, de 4 Junio, del Ruido de Castilla y León y en la Disposición Transitoria Primera de ésta misma Ley modificada por la Disposición Final 11 de la Ley 19/2010, de 22 de Diciembre.
Los dos primeros se refieren a la ya conocida por todos como la “prohibición de los 25 metros” y la tercera hace referencia a las modificaciones de los establecimientos ya existentes.
Pues bien, la aplicación pura y simple de la mencionada normativa, en la práctica, impide la concesión de nuevas licencias, pero también impide la modificación de las ya existentes, ya que cualquier cambio –ampliación, reducción o sustitución- de actividad es una modificación sustancial que obliga a conceder una nueva licencia ambiental al variar la distribución, las instalaciones, etc., aunque en la realidad, no supongan un incremento en la oferta de bebidas alcohólicas ni un incremento en los niveles de contaminación acústica (ya que tales establecimientos ya existían con anterioridad y ya contaban con autorización para vender bebidas alcohólicas).
Es imprescindible la modificación de la prohibición de los 25 metros, y en ambas Leyes a la vez, porque de nada serviría hacerlo sólo en una de los dos, lo que permitiría volver a la regulación anterior, y a su vez, los Ayuntamientos podríamos decidir según nuestras particulares circunstancias, y ya no sólo por una genérica apelación al Principio de Autonomía Municipal sino por nuestra ya más que contrastada experiencia en la regulación de la actividad hostelera.
Y la tercera modificación, la referida a la Transitoria Primera de la Ley del Ruido, es incluso la más urgente de la tres, ya que nuestras ciudades cuentan en la actualidad con un importante número de de establecimientos ya en funcionamiento (fundamentalmente en los cascos históricos y en el centro de la ciudad, donde ya prácticamente no hay espacio físico para nuevos negocios), que están necesitando cambiar su status jurídico para adecuarse a las nuevas circunstancias y por lo tanto la nueva regulación, propuesta más abajo, para esta Disposición nos permitiría modificar las licencias existentes sin que estuvieran afectadas por la regulación actual (cambios de bares a restaurantes o a la inversa, ampliación no física de bar a bar-restaurante, sustitución de bares con instalación de aparatos musicales por bares de pinchos o restaurantes, etc.).
         Finalmente y con el objetivo de hacer más ágil la tramitación de los expedientes de licencias ambientales es necesario promover una cuarta modificación más, la referida al artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León que regula los plazos necesarios para su tramitación, y más concretamente se propone reducir el plazo de información pública de 20 a 10 días, a semejanza del establecido para las autorizaciones ambientales cuyo otorgamiento corresponde a la Junta de Castilla y León.
         En virtud de todo lo anterior se propone a la Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León trasladar el presente comunicado a sus órganos de gobierno para que tomen la decisión de instar a la Junta de Castilla y León a modificar las Leyes abajo referidas, de acuerdo a lo que a continuación se cita:
 
         1.- Artículo 23.2 de la Ley 3/1994, de 29 Marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León (modificado por artículo único 9 de la Ley 3/2007, de 7 Marzo).
Redacción actual:
“[..] 2. En las localidades de población superior a mil habitantes, la ordenanza reguladora de la distancia y localización de establecimientos destinados a la venta y consumo inmediato de bebidas alcohólicas deberá prever que la distancia mínima entre los extremos físicos más próximos, interiores o exteriores, de los establecimientos sea de 25 metros, sin perjuicio de la necesaria sujeción de tales establecimientos a lo dispuesto en la normativa sobre ruido y prevención ambiental. Esta previsión será de aplicación a estas localidades cuando no cuenten con la ordenanza reguladora referida. [..]”
Propuesta:
Volver a la redacción anterior (vigente desde el 07 de Abril de 1.994 hasta el 14 de Marzo de 2.007):
 “[..] 2. En las localidades de población superior a 20.000 habitantes que no cuenten con ordenanza reguladora de la distancia y localización de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, y en tanto no cuenten con la misma, la distancia mínima entre las puertas de acceso de los establecimientos será de 25 metros. Esta normativa sólo será de aplicación a los establecimientos que tramiten su licencia de apertura con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. [..]”
 
2.- Artículo 30.5 de la Ley 5/2009, de 4 Junio, del Ruido de Castilla y León.
Redacción actual:
“[..] 5. En los municipios con población superior a 1.000 habitantes no se podrán instalar nuevas actividades hosteleras tales como bares, bares musicales, discotecas, pizzerías, bocaterías y similares cuando la distancia resultante entre alguna de ellas sea inferior a 25 metros. La distancia se medirá entre los extremos físicos interiores o exteriores más próximos de los establecimientos en los que se desarrolle la actividad.”
Propuesta:
Suprimir el apartado 5.
3.- DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Ley 5/2009, de 4 Junio, del Ruido de Castilla y León (modificada por disposición final 11 de la Ley 19/2010, de 22 Diciembre).
Redacción actual:
“A los efectos de esta ley y sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica estatal los emisores acústicos existentes a la fecha de la entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a lo dispuesto en la misma en un plazo máximo de seis años contados a partir de dicha fecha. En todo caso, cuando se lleven a cabo modificaciones de carácter sustancial que den lugar a la expedición de nuevas licencias o autorizaciones administrativas o a la modificación de las existentes, deberán adaptarse a lo previsto en esta ley.”
Propuesta:
Añadir un segundo párrafo: “A tales efectos, sólo tendrán el carácter de modificaciones sustanciales aquellas que aumenten las dimensiones físicas de los emisores acústicos ya existentes, no aquellas que supongan ampliación, reducción o sustitución de la actividad inicialmente autorizada, salvo que supongan un incremento de la actividad productiva superior al 15% sobre lo inicialmente autorizado y sin perjuicio de lo establecido por la normativa sobre ruido y prevención ambiental.”
4.- Artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Redacción actual:
“1.Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico, en las ordenanzas municipales o por el incumplimiento de los requisitos previos establecidos en la legislación sectorial aplicable, el Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante veinte días mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. [..]”
Propuesta:
Sustituir los veinte días por diez días”.


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